Las falacias que sostienen el discurso kirchnerista del desendeudamiento

Pablo Anino y Esteban Mercatante

En los últimos días se ha suscitado una polémica sobre el peso real que tiene hoy la deuda pública sobre la economía nacional, y la perspectiva para los próximos años. La misma fue iniciada en la lista de los Economistas de Izquierda[1] por la crítica de un economista K (Fabián Amico, del Grupo Luján) a un cómputo de la deuda pública que mostraba que existen partidas excluidas en los datos oficiales. El autor sostiene que “nos puede parecer mal o bien, pero ‘desendeudamiento’ hubo”. El interés de polemizar con este defensor de la política oficial, no está en la originalidad de los argumentos. Tampoco, en la profundidad con que los mismos son tratados. Sin embargo, se trata de una buena oportunidad para discutir este mito kirchnerista del “desendeudamiento”, que no sólo es difundido sin mayor análisis en los medios[2], sino repetido como punto positivo en todo balance de los años K[3].

¿Qué debatimos?

Evidentemente, la noción de “desendeudamiento”, por su vaguedad, puede hacer referencia a cuestiones triviales en las que no hay mayor debate. Hubo una quita de la deuda en 2005, que fue presentada como una reducción en los montos de la misma de 66%, cuando en los hechos fue significativamente menor como mostramos más abajo. En ese sentido, puede tener alguna entidad una noción de desendeudamiento, aplicada a una operación tan corriente en las transacciones financieras como una quita nominal (sobre un monto agigantado por la acumulación de intereses impagos) para retomar los compromisos de pago.

Si con desendeudamiento quisiera referirse a estas cuestiones, que son completamente  esperables en un contexto como el de los años pos default, pos desvaluación y con fuerte aumento de la demanda externa de las exportaciones argentinas, no habría mayores objeciones. La cuestión toma otro color si el término desendeudamiento quiere usarse para significar que la deuda haya dejado de ser un problema en la economía argentina.  Dicho en otros términos, si se quiere proyectar a futuro los resultados de los últimos años. Como ariete en la propaganda oficial, el desendeudamiento es presentado como una política soberana, gracias a la cual la deuda habría desaparecido del mapa de las cuestiones que aquejan a futuro la economía argentina.

Esto choca con la realidad  que dice que los pagos de intereses y capital de la deuda que se llevan anualmente un promedio del 10% del PBI. A la vez que los intereses de la deuda significan alrededor del 10% del presupuesto público.

Pero antes de detenernos en los costos que tiene pagar la deuda, queremos poner de relieve que, bien medida, la tendencia a reducir el peso de la deuda en relación al PBI (pivote central del argumento sobre el “desendeudamiento”) no es algo que pueda proyectarse hacia el futuro, sino cosa del pasado.

¿Cómo medimos la deuda?

Fabián Amico comienza criticando los cómputos de la deuda realizados por el Lic. Héctor Luis Giuliano. Sin embargo, su crítica, correcta en relación al cómputo de las LEBAC (títulos que hacen a la política monetaria, y no es correcto incluirlos dentro de la deuda pública), no apunta contra todos los ítems señalados por Giuliano, y que no son incorporados en los registros oficiales. Debemos inferir, entonces, que reconoce la validez de sumar los ítems que no rechaza.

Entonces, en lo que hace al cómputo total del monto de la deuda, entendemos que Amico está reconociendo que a los datos oficiales sobre el monto actual de la deuda, habría que sumarle:

  • u$s 20 mil millones de deuda no registrada
  • u$s 9 mil millones de deuda acumulada por CER, intereses, y cupones de PBI.

Esto, contando sólo la deuda pública nacional, y excluyendo la provincial (dicho sea de paso, la emisión de deuda de las provincias viene aumentando en dólares desde el año pasado, y especialmente desde comienzos de 2011).

La inclusión de estos montos que la estadística oficial barre debajo de la alfombra, relativiza la caída de la deuda en relación al PBI. Por nuevas vías, la deuda está en aumento, no sólo en montos absolutos. Distintos aspectos empezaron a marcar una nueva tendencia al endeudamiento, especialmente desde 2006 en adelante. A diciembre de 2010 la deuda pública, contando la que reviste en estado regular y  aquella pendiente de renegociación, se ubicaba en los 175.548 millones de dólares. Esta deuda es un 21% mayor que en el año 2001 y un 14% mayor que la deuda existente luego del canje de 2005.

A fuerza de generosos pagos (realizados sobre la base de superávits fiscales y comerciales excepcionalmente elevados) y gracias a un fuerte crecimiento económico,  decreció el peso de la deuda en relación al PIB entre 2005 y 2008. Pero a partir de entonces, la proporción deuda/PBI se estancó en un 49% promedio. Hasta el año 2001 (¡el peor año de la crisis!) el peso de la deuda en el PBI se mantuvo por debajo de 46%. Incluso ese ratio fue del 39% promedio entre 1994 y 2001. Claramente la relación deuda/PBI a pesar de toda la cháchara kirchnerista encontró un nivel superior con el actual “modelo” incluso comparado con los ’90.

Pero aún si no incluimos los montos que quedan fuera de la estadística, se puede ver que ya no hay ningún desendeudamiento. Los propios datos de la subsecretaría de financiamiento, muestran un estancamiento en la caída de la deuda como proporción del PBI a partir de 2008. Si consideramos que los montos no registrados oficialmente que señalamos previamente son los que más han aumentado, podemos ver que la tendencia es en realidad a que la carga de la deuda aumente.

Amico proyecta a futuro la tendencia a que se mantenga favorable la relación deuda/PBI, cuando en realidad esta hace años que no se verifica. Pero lo que es aún más grave es que a futuro está más garantizada la regularidad en el crecimiento de la deuda que lo que está el crecimiento de la economía.

Entre 2003 y 2007 se dio un período en el cual hubo condiciones fiscales y de balance externo fueron muy favorables, que pusieron límite a la necesidad de financiamiento externo. Aunque desde 2007 el gasto aumenta considerablemente, el gobierno encontró dificultades para financiarse en el exterior, lo cual fue para el kirchnerismo un defecto transformado luego en virtud (aunque ya no tanto, y por eso Boudou está tratando de ordenar un poco el panorama en el plano externo, aunque les esté costando lograrlo). En estas condiciones, no era llamativo que la deuda redujera su peso en relación al PBI luego del canje. Lo notorio es la rapidez con la cual esta tendencia se esfumó, y que indica justamente la magnitud del drenaje que impone la deuda.

En el marco del actual esquema kirchnerista, el crecimiento económico va necesariamente acompañado de un aumento del gasto fiscal, a un nivel aún mayor que el crecimiento de la economía (aparte de la deuda, por cuestiones como los subsidios a empresas, crisis energética, etc.); entonces si hay crecimiento la tendencia es a que aumente el déficit fiscal y por lo tanto que la deuda aumente. Es esto lo que puso fin a la reducción del peso de la deuda/PBI que duró hasta el año 2007, reemplazándola por un estancamiento según las estadísticas oficiales. Pero si la economía disminuye su crecimiento, no hay motivos para pensar que la deuda vaya a hacerlo. Entonces, proyectar a futuro el “desendeudamiento” es un acto temerario sin ningún apoyo en la evidencia.

Deudas intra Estado

Amico afirma que el hecho de que gran parte de la deuda esté en manos del Estado implica “desendeudamiento”, dado que se trata de el Estado que se debe a sí mismo. Pero, aunque esto da un mejor perfil a la deuda, y remueve dificultades para afrontar sus pagos, no por eso la hace desaparecer.

Partimos de que son los propios cómputos oficiales los que no realizan la separación propuesta por Amico. No sólo por las dificultades para hacerlo tratándose de bonos. También, porque no está garantizado a futuro que los títulos que hoy están en manos de organismos públicos vayan a hacerlo hasta su vencimiento. Esto depende de que dichos entes sigan logrando superávits, que les permitan financiar al tesoro. En caso de que esta situación -íntimamente asociada al desenvolvimiento de la economía y del empleo- no se mantenga, es muy probable que dichos organismos no sólo encuentren dificultades para seguir adquiriendo títulos del tesoro, sino que deban deshacerse de los que hoy están en sus manos.

El reemplazo de deuda en manos privadas por deuda intra- estado no deja de implicar además el desvío de recursos que podrían destinarse a otros fines. Sólo unos pocos ejemplos. Los intereses de deuda pagados en 2009 equivalen a 2,5 presupuestos de salud. Dejando de pagar los intereses de la deuda se podría aumentar a $765 la asignación mensual a cada unos de los 3,4 millones de niños y adolescentes que reciben la AUH. Por ejemplo, ¿por qué no se contrae deuda con la Anses para llevar adelante un plan generalizado de viviendas populares dando trabajo a cientos de miles de desocupados en lugar de mandar a matar a los que no tienen hogar como en el Parque Indoamericano? Estos fines tan nobles tendrán que esperar. Es que la deuda intra-estado tiene un rol destacado en sostener otros gastos prioritarios del gobierno, como pagar la deuda y dar dinero fresco a las empresas para solventar sus ganancias.

Los costos del (supuesto) desendeudamiento

No llama la atención que el discurso del desendeudamiento evite poner el foco en los costos que tiene pagar la deuda, la base para mantener acotado el peso de la deuda (que sigue aumentando en términos absolutos). Los servicios de la misma insumen una parte muy significativa del presupuesto. En ese sentido, es falaz argumentar  que “si aún existieran injusticias, pobreza y explotación ya no sería culpa de la deuda aun cuando ésta fuera positiva, es decir, aunque tuviera un nivel superior a cero”. ¿Olvidamos que problemas como la falta de viviendas para sectores pobres están estrechamente asociadas a que el gobierno “nacional y popular”, al igual que el de Macri en la ciudad, dedica apenas el 1% del presupuesto a vivienda y urbanismo, mientras que el 10% se destina a pagar la deuda? Para algo que “no es un problema”, resultan bastante onerosos los esfuerzos que tiene pagar la deuda. Máxime considerando que ni aún afrontando estos costos está garantizado que se sostenga en el mediano plazo.

Los pagos de intereses pasaron de alrededor de $ 5.700 millones en 2004 a los actuales $ 23.500 millones. Su protagonismo en los ítems fiscales lo transformó en un factor muy importante del aumento del gasto.

Los pagos de intereses de deuda pública fueron en incremento en relación al resultado primario pasando del 65% luego del canje a 111% en 2010. Claro que en 2010 ese porcentaje es menor al año previo, pero porque este fue el peor año desde la devaluación producto de la crisis mundial. La tendencia es claramente creciente. Por eso aunque el gobierno logró mantener el superávit fiscal primario apelando a nuevas fuentes de recursos, el resultado financiero es negativo desde el año 2009.

Incluso, en los próximos años hasta la finalización del siguiente mandato presidencial, que de paso digamos los kirchneristas festejan como despejado de pagos, se irán de mínima unos u$s 49.500 millones. Claro que sin contar los ajustes por CER y cupones de PBI que operan en el momento de los pagos.

Hoy el ajuste inflacionario y la deuda interna están jugando un rol similar al del endeudamiento externo y al ajuste fiscal durante la convertibilidad. Aunque ahora la mitad de la deuda está en manos del propio sector público (Banco Central, Anses, etcétera) esto significa que se limitan recursos que podrían usarse para otros fines, en financiar al Estado para que siga sosteniendo los pagos de deuda. La “paradoja” es que a pesar de esto el peso de la deuda en el PBI se mantiene por encima de los valores de los ’90.

Nuestro polemista afirma que “nos pasamos años diciendo que Argentina no podía crecer y pagar la deuda” y esto pasó. Sin embargo, nunca fue el eje que la deuda sea incompatible con el crecimiento (parece que sí para Amico, pero no es esa la posición que haya planteado históricamente la izquierda clasista, y particularmente el PTS). En todo caso, lo que sí se ve, es que ha resultado bastante incompatible afrontar los pagos de la deuda con aprovechar las condiciones excepcionalmente favorables de estos años para concentrar recursos y volcarlos a distintas inversiones públicas, ya sea para cuestiones como vivienda popular, como cuestiones de infraestructura productiva largamente postergadas. Se trata de poner el eje en lo que los “progres” oficialistas quieren dejar en segundo plano, y es que constituye un formidable drenaje de recursos que pesa sobre la economía nacional, y ningún “desendeudamiento” ha alterado esta ecuación. ¿Por qué no comparamos los destinos del gasto público, a ver cuánto de lleva la inversión pública y cuánto se lleva la deuda? Y sobre todo ¿por qué no nos preguntamos a cuánto podría llevarse la inversión pública si no se pagara la deuda?

Donde más se nota que los años de neoliberalismo dejaron una pesada herencia, es en la módica medida en la que algunos consideran que puede torcerse el peso de los condicionantes que aquejan a un país semicolonial. Ya no se trata de no pagar la deuda, si no de pagarla de forma “sustentable”. Bueno, aún siendo “sustentable” (cosa que habría que tomar con pinzas cuánto va a durar, pero no es el centro de la cuestión) la deuda impone formidables costos sobre la economía nacional, aún en momentos en que su crecimiento en términos absolutos va de la mano de una reducción relativa al PBI. Por eso, decimos no pagar la deuda.

A quién sirvieron el default y renegociaciones, o el carácter de clase de la política K

Por supuesto, el no pago de la deuda, que nosotros articulamos en un conjunto de planteos programáticos transicionales para imponer por la movilización obrera y popular, también puede ser ocasionalmente impulsado por la burguesía sin que se trate del puntapié inicial de una lucha por la soberanía. En estos casos se inscribe el default declarado por Rodriguez Saá en 2001. No se trataba más que de un sinceramiento de una bancarrota sin salida para volver a negociar. Aunque los legisladores del PJ -gran parte de los cuáles había votado años antes la “ley banelco” de flexibilización laboral, las emisiones de deuda menemistas y las privatizaciones- aplaudieron a rabiar el anuncio de la cesación de pagos como si se hubieran vuelto de repente entusiastas luchadores por la soberanía nacional, resulta difícil dar crédito a tan admirable transmutación instantánea.

La burguesía argentina, que por los mil y un lazos que la atan al imperialismo no tiene ninguna inclinación por principio a incumplir los compromisos externos, no tiene ningún reparo en imponer esta medida en condiciones excepcionales cuando la bancarrota se proyecta como una sombra sobre una parte importante de los miembros de la burguesía “nacional”. Esto ocurría en 2001, donde al endeudamiento público se sumaba un sideral endeudamiento privado en dólares.

En realidad el default no fue anunciado como el rechazo al pago de la deuda pública, sino como una medida transitoria para superar la crisis. Esta interrupción de los pagos ya estaba en las previsiones del gobierno de los Estados Unidos, Wall Street, diversos países europeos, etc.. Aunque la medida fuera públicamente condenada como una violación a la seguridad jurídica, es casi de manual que cuando las tasas superan el 20% anual y se mantienen en ascenso, el default se vuelve ineludible, y de lo que se trata es de desplumar al deudor con esas tasas siderales. Por eso, más allá de los discursos, rápidamente se inició la presión sobre el gobierno de Duhalde para negociar la normalización de la situación de la deuda, acompañada de la burguesía local, que mientras tanto fue beneficiada con el salvataje de sus deudas.

Así como se daba por descontada la declaración del default, también se daba por descontada la renegociación de la deuda con quita. Lejos de ser un “acto soberano” sin precedentes, los defaults que sucedieron en años previos, como fue el caso de Rusia, también se saldaron con renegociaciones que implicaron fuerte quita de deuda (entre 37,5% y 33% según el tipo de bono). Lejos de haberles “torcido el brazo” a los bonistas, fue bussiness as usual para los tenedores de títulos. Considerando que la deuda de u$s 191.300 millones se transformó en una de u$s 149.800 millones, la quita efectiva no superó en porcentaje la de otros países, a pesar de los rimbombantes números que mostraban quitas del 66%, lo cual sólo reflejaba a una parte de los bonos y era compensado por los cupones. [4]

Default transitorio y renegociación son dos iniciativas que sólo incumben a los bonistas y la burguesía argentina, en función de cuyas necesidades se ha articulado la política oficial. El default dio respiro a la economía argentina interrumpiendo el drenaje de la deuda durante tres años, y junto con la depreciación cambiaria permitió reestructurar y sanear el capitalismo argentino. El peso de esta reestructuración ha sido puesto sobre las espaldas de los trabajadores, que durante el primer año pos devaluación sufrieron una caída salarial de casi 30% que se sumó a las consecuencias catastróficas de un desempleo que alcanzó ese año un 25%. Llevaría años y grandes luchas empezar a recuperar los niveles salariales pos devaluación, umbral que en muchos sectores se ha transformado en un techo superado apenas por unos puntos en la actualidad.

Esto pone de relieve que el no pago de la deuda no puede ser una medida aislada, sino articularse dentro de un programa obrero. En tiempos de catástrofe económica la propia burguesía puede impulsar esta medida, pero los costos no caen primordialmente sobre los bonistas (que ya se previnieron previamente con tasas siderales) sino sobre la clase obrera y los sectores populares. Algo similar a lo que ocurre hoy en Grecia donde todos esperan un default luego de haber impuesto a los trabajadores griegos tal miseria que ya no es posible intentar extraerles más riquezas sin provocar la quiebra del Estado.

La deuda, y el “modelo” K

Si hiciéramos abstracción de los requerimientos presupuestarios que tiene el “modelo K”, tal vez podría reconocerse que el peso de la deuda en la economía argentina es una cuestión menos dramática que en otros momentos históricos. El aumento del gasto y la reducción del superávit primario, no se explican exclusiva -ni centralmente- por la deuda pública.

Mientras que durante la Convertibilidad la economía funcionaba con déficit fiscal crónico sostenido mediante endeudamiento creciente, que luego llevaba a una mayor carga de la deuda en el presupuesto a financiar con nuevo endeudamiento, la devaluación (y el formidable ajuste fiscal de 2002) llevo a que el nuevo esquema económico tuviera un eje en el superávit fiscal, lo cual permitió garantizar el pago de la deuda desde que esta fue renegociada (y pagarle todas las deudas al FMI).

El agotamiento del dólar caro, que al calor de la inflación empezó a esbozarse a partir de 2007, ha sido respondido por el kirchnerismo con una serie de iniciativas de intervención, que incluyen el pacto social de hecho entre la burocracia sindical y los empresarios para acotar las subas salariales[5], controles y acuerdos de precios -acompañados de generosos subsidios-, de la mano de la destrucción del INDEC. Una serie de medidas de contragolpe, que intentaron mantener la conformidad de las principales fracciones burguesas conteniendo las aspiraciones de mejoras obreras y populares (con un techo superior al de 2001, pero que no cambió la tendencia decreciente iniciada en los ’70 para la clase obrera y los sectores populares). Todas estas medidas pragmáticas, fueron luego transformadas en una “virtuosa” intervención del Estado en la economía.

Junto con esto, se fue impulsando el aumento de las retenciones hasta la derrota de la 125, se nacionalizó las AFJPs. Esto fue acompañado de algunas iniciativas de aumento del gasto social, como la AUH, y la extensión de los beneficiarios para las jubilaciones -aunque rechazando en todo momento el 82% móvil. Sin embargo, el principal capítulo que explica el aumento del gasto, que ha crecido hasta rivalizar con la deuda por los montos implicados del presupuesto, son los subsidios a las empresas. Esto lo hemos definido como “bonapartismo fiscal”, o de caja y su finalidad es contener el agotamiento del esquema -un esquema de dólar caro y salarios baratos- evitando reformulaciones bruscas[6].

La deuda no sería un problema si el Estado no se viera obligado a poner en manos empresarias una ingente cantidad de fondos -que llamativamente sostienen la ganancia pero no garantizan la inversión, que está muy por debajo de las posibilidades de acumulación. Una política económica más ortodoxa sería compatible sin problemas con los pagos de la deuda, pero ya habría puesto a la economía argentina ante sus límites en un marco de revaluación de la moneda y baja competitividad. La intervención kirchnerista no impulsa cambios estructurales, pero disfraza un poco estos límites y permite un mayor crecimiento en lo inmediato, aunque realizando una fuga hacia adelante, que se expresa en una exigencia creciente sobre las arcas públicas y una inercia inflacionaria cada vez más importante.

Para el modelo K en particular, que Amico defiende como una “virtuosa intervención del Estado”, la deuda ha aparecido como una limitante. Pagar la deuda resta los recursos necesarios para subsidiar al capital, y practicar alguna política de ingresos que morigere lo que el economista Fernando Porta definió como una desigual distribución del ingreso inherente al funcionamiento del “modelo” K[7]. No por nada el gobierno se vio empujado a impulsar la 125 y luego la nacionalización de las AFJP. Ni aún esas fuentes han resultado suficiente, y cada vez más el ajuste inflacionario ha sido necesario para cerrar las cuentas públicas. Si no ha aumentado el endeudamiento externo, ha sido porque la situación internacional empezó a mostrar momentos de restricciones y de laxitud en la liquidez desde 2007 en función del procesamiento de la misma crisis, lo cual se agrava para Argentina por permanecer una parte de la deuda en situación de default el gobierno. Por eso, el gobierno tuvo dificultades para colocar deuda en los “mercados”, lo que luego fue transformado en una virtud, para servir al discurso del “desendeudamiento”.

Por eso bajo estas condiciones extraordinarias para la burguesía de los últimos años el gobierno hizo todo lo necesario para volver a los “mercados”. Es que el esquema de superávit fiscal fue puesto en cuestión con la crisis en 2008 y 2009, y aunque se recupero en el año 2010 fue a costa de generar nuevas fuentes extraordinarias. Además, que los límites al acceso al financiamiento a través de los mercados tenían el efecto que el estado no podía contar con un mecanismo fundamental para el Estado capitalista, lo cual golpeó también a las empresas que actúan en el espacio nacional que también encontraron límites para fondearse internacionalmente. El canje de junio de 2010[8] no tuvo como objetivo hacer una reestructuración “soberana” a la baja de la deuda. No lo podía hacer porque el propio canje significaba un aumento en la deuda en situación regular. El canje tuvo otros objetivos menos “progres” como reabrir la posibilidad de financiamiento en los “mercados” externos. Las empresas como Arcor, Pan American Energy, Edenor, Tarjeta Naranja, entre otras, comenzaron desde el canje de junio a colocar deuda en los “mercados”. La colocación de Arcor se hizo en gran medida en los Estados Unidos y la Unión Europea. También se hicieron colocaciones de estados provinciales. Entre empresas y las provincias colocaron unos u$s 5.000 millones desde entonces[9].

El regreso a los “mercados” se ha constituido en un aspecto destacado del intento de Cristina Kirchner de volver a un país burgués “normal”. Las misiones “técnicas” del FMI han vuelto a circular por las provincias argentinas para contribuir en la formulación de un nuevo índice de precios de alcance nacional. Esto es parte de la negociación del gobierno con el FMI para cumplir con los requisitos de regularizar la deuda con el Club de París. En 2010 los Estados Unidos (a través de la SEC) avaló el nuevo canje de títulos argentinos. Aunque hay presión de los países imperialistas para regularizar la deuda impaga con el Club de París, el acuerdo de la SEC con el último canje indica que el nivel de puja se ubica dentro de los límites normales de una negociación hacia la regularización de toda la deuda y una vuelta a los “mercados”. Es un punto destacado del giro hacia la “normalización”. La burguesía tiene acuerdo general en honrar el pago y regularizar de toda la deuda. Incluso la oposición burguesa y el establishment económico plantea como una cuenta pendiente la regularización con el Club de París porque atenta contra la “seguridad jurídica”.

Los kirchneristas solo salen bien parados cuando se comparan con los años catastróficos del fin y la salida de la Convertibilidad, y aprovechando obviamente todos los efectos de las tareas sucias hechas por Rodríguez Saá y Duhalde, pero no resisten un archivo ni siquiera en la comparación con los denostados ’90, no sólo en lo que hace a la deuda, sino también de salarios reales, niveles de explotación de la fuerza de trabajo, extranjerización de la economía. El “cambio estructural” o la mayor “autonomía” no aparecen por ningún lado cuando encaramos una lectura descarnada de las tendencias profundas de la economía argentina y la política oficial.

10 de mayo de 2011


[1] La polémica, con el título “‘LA DEUDA SUPERA LOS U$S 250.000 MILLONES’ – ¿de qué desendeudamiento habla el gobierno de Cristina Kirchner?”  puede leerse en la página Yahoo del E-D-I (http://tech.groups.yahoo.com/group/E-D-I/), del 24 al 28 de abril de 2011.

[2] Recientemente en el suplemento Cash de Página/12 Roberto Navarro. Ver “Una mochila…”, 17 de Abril de 2011.

[3] Ver por ejemplo, el discurso de Moyano el 29 de abril, en el -aunque dándole a Kirchner el dudoso pergamino Nac & Pop de generoso pagador al FMI- repitió esta idea del desendeudamiento.

[4] En realidad para muchos de los tenedores de títulos de deuda no implicó quita en tanto compraron los bonos desvalorizados a aquellos que huían de papeles que cada vez cotizaban a menos durante el default. Una parte menor de los que tenían bonos (alrededor del 25% del total de títulos) optó por no entrar en el canje y mantener litigios en diversos tribunales, como el de Nueva York para cobrar la integridad de la deuda. Luego del canje de 2005, la deuda regularizada era de 129.000 millones. Además había otros 24.000 entre los bonistas que no ingresaron al canje y la deuda con los países reunidos en el Club de París.

[5] Como reconoce hasta el oficialista CENDA, desde 2007 se puede ver un estancamiento en los aumentos de salarios. En este post ampliamos al respecto.

[6] Los límites distributivos del modelo, no son una consecuencia indeseada, sino un factor constitutivo; como lo es la considerable precarización y tercerización de la fuerza de trabajo.

[7] Porta, Fernando, “No se ve nada nuevo”, El economista, Bs. As., 4/6/2010.

[8] En 2010 se abrió un nuevo capítulo del canje. Este fue gestionado por tres grandes bancos multinacionales que son el Barclays, el Citibank y el Deutsche. Estos definieron la oferta y su principal interés estuvo en que la mayoría de los bonistas entren al canje ya que cobraban comisión según el monto canjeado. Entre los principales tenedores de bonos se encontraban fondos buitres que estuvieron comprando los bonos desvalorizados a precios que llegaron a alrededor del 10% de su precio total. En esta oportunidad el gobierno utilizó el argumento que había pequeños ahorristas, por ejemplo jubilados italianos, que tenían bonos que no habían entrado en el canje previo. Más allá que éstos eran minoritarios en el total de los títulos a canjear, correspondía que los bancos y administradores de fondos de pensión se hicieran cargo por la mala gestión realizada de los recursos de los pequeños ahorristas, utilizados para la especulación financiera con deuda de países cercanos al default dado que pagan más interés por sus deudas.

[9] Carrillo, Cristian, “Se abrió la ventanilla”, Cash, Bs. As., 30 de abril de 2011.


(pos)Keynesianismo y marxismo

Esteban Mercatante

Como parte de la polémica sobre la deuda, se han suscitado una serie de cuestiones que hacen tanto a la teoría económica como a la perspectiva que puede tener la regulación del modo de producción capitalista por parte del Estado. Esto, aparte de la importancia -desde nuestro punto de vista aunque no desde el de nuestro polemista-  de considerar el carácter de clase de las intervenciones estatales, es decir el rol que tienen las mismas para preservar las relaciones de producción capitalistas, lo cual no significa otra cosas que perpetuar la explotación de la gran mayoría asalaria por parte de una minoría propietaria de los medios de producción. Extenderse en estas cuestiones excede las posibilidades de esta nota. Sólo nos detendremos en algunas cuestiones fundamentales suscitadas por Amico en su polémica[1].

I

La idea de que entre marxismo y keynesianismo habría una matriz teórica común, a pesar de las claras preferencias liberales (y bastante conservadoras) de Lord Keynes, ha sido cimentada a lo largo del siglo XX por numerosos teóricos. La corriente heterogénea que es el poskeynesianismo, cuenta con numerosos exponentes que pretendieron ofrecer una síntesis del encuentro de ambas corrientes. Aunque con desarrollos originales, los kaleckianos de hoy también abrevan en ideas de Marx y de Keynes, aparte de las del propio Kalecki, así como de otros autores clásicos y también neoclásicos. Sin embargo, esta síntesis, aunque pueda tomar algunas categorías desarrolladas por Marx, lo hace desde un enfoque cuyas raíces sólo pueden presentarse como cercanas a las ideas de Marx apelando selectivamente a algunas afirmaciones del autor, y no considerando los grandes lineamientos desarrollados en su obra.

Desde esta pretendida síntesis teórica, son de sentido común afirmaciones como las de Amico de que las crisis “pueden evitarse y/o paliarse mediante políticas estatales”. Aunque para el autor esto es un hecho empírico, lo cierto es que la evidencia no muestra que las crisis puedan evitarse mediante la acción estatal. Sin duda, la intervención estatal, a través de estímulos fiscales,  intervenciones monetarias, o salvatajes a bancos y empresas, pueden en ocasiones evitar las peores consecuencias catastróficas de las crisis. Pueden, también, hacer frente a algunos contratiempos sacando a la economía de recesiones que no sean muy profundas.

Sin embargo, las crisis son intrínsecas al funcionamiento de la economía capitalista; son el resultado ineludible de un sistema que busca obtener la máxima ganancia en el menor tiempo posible. El Estado, como Estado capitalista cuya razón de ser es regular las condiciones de este modo de producción, no puede oponerse a esta lógica que conduce a las crisis. Puede, en todo caso, intentar generar condiciones que hagan posible el desenvolvimiento de la misma y tratar de evitar los descarrilamientos, con éxito bastante desigual en distintas circunstancias.

Esto lo hemos visto en la última década, donde el estallido de la crisis de las hipotecas subprime se fue cocinando lentamente a la luz de los “éxitos” de la intervención de la Reserva Federal (FED, el banco central norteamericano) frente a crisis previas. Manejando las tasas de interés (subiéndolas cuando amenaza la inflación, bajándolas rápidamente cuando aparecen signos de crisis), la FED acompaño el crecimiento sideral del capital ficticio. Junto con esto fueron liberadas las restricciones que regulaban el sistema financiero, lo cual permitió la creación de los más variados derivados financieros que aumentaron la masa de activos generados sobre la misma deuda, y relajaron los controles sobre la emisión de la misma, aumentando así el porcentaje de deudas incobrables. Es decir que para posponer a futuro una crisis extendida de las finanzas y la propia economía norteamericana, la FED creó condiciones para un estallido peor, que ocurrió en 2008.

También podemos recordar la crisis estanflacionaria de los ‘70, donde no hubo acción estatal que impidiera el estancamiento de EEUU. Este fue un severo golpe a la omnipotencia estatal pregonada por los keynesianos. El tiempo transcurrido y la crisis ideológica de los desreguladores (que de todos modos no alcanzó la profundidad que podía preverse en 2008) no pueden hacernos olvidar estas lecciones. La intervención estatal altera la dinámica “pura” de una economía capitalista sin intervención (si es que puede hablarse de tal cosa), pero no permite sobreponerse de contradicciones en las cuáles el propio Estado se encuentra inmerso.

A dos años de la crisis de 2008, estamos viendo cómo toda la ingeniería puesta en juego para evitar la catástrofe en 2008, ha generado en menos de dos años nuevos factores de crisis (el artículo de Paula Bach en Estrategia Internacional nº 27, “Las medidas de contención devienen eslabones débiles” analiza extensamente esta cuestión y sus implicancias). Quienes proclamaban la vuelta de Keynes y sostenían que la acción del Estado encarrilaría la crisis y sepultaría definitivamente el neoliberalismo volviendo al “capitalismo organizado”, hoy contemplan atónitos cómo la consecuencia de la intervención Estatal ha sido crear nuevos focos crisis e inestabilidad. El déficit y el endeudamiento se han disparado en Europa y en EE.UU. En el continente europeo, son varios los países al borde de la quiebra por las agudas crisis fiscales agravadas por la estrechez que genera el tratado de Maastricht, mientras las especulaciones sobre la salida de Grecia y otros países de la zona Euro (lo que no sería otra cosa que el desmembramiento de la Unión Europea) se extienden día a día. Pero aún en el caso de EEUU, una deuda que ya era muy abultada se ha convertido en insostenible. No sólo se plantea la disyuntiva entre encarar recortes o subir impuestos, sino que la deuda norteamericana ha bajado de calificación, lo que muestra que la posibilidad de financiamiento barato no está de ningún modo asegurada a futuro sin problemas, como pretende James Galbraith.

Lo cierto es que la imposibilidad de un nuevo paquete de estímulo en EE.UU. (que está discutiendo más bien la magnitud del ajuste fiscal), a pesar de los pedidos desesperados en favor del mismo por parte de figuras como Paul Krugman o Galbraith, no tiene que ver exclusivamente con motivos políticos. Lo principal es que no existe evidencia de que un paquete de estímulo pueda ser algo más que una iniciativa de emergencia, para evitar una catástrofe, como fue durante 2008 hasta hoy. Esto es algo muy distinto que una estrategia de salida efectiva de la crisis. Una cuestión no menor, es que la magnitud de los recursos que habría que haber puesto en juego para poder hablar de esto último, exceden con creces la posibilidad de un Estado que ya antes estaba sobre endeudado y arrastrando un balance externo deficitario muy elevado[2].

II

El planteo de Amico, aparte de hacer un fetiche de la intervención estatal, da como cosas obvias y sabidas cuestiones que incluso dentro de enfoques poskeynesianos no están saldadas y son materia de debate. Éste da por sentada la exogeneidad de la tasa de interés, cuando son varios los poskeynesianos que han admitido que ésta no es enteramente exógena. Es cierto que el banco central puede fijar una tasa de interés objetivo, como de hecho hace la FED, pero también lo es que no tiene capacidad para arbitrarla enteramente.

Desde una perspectiva que abreva tanto en planteos de economistas clásicos como marxistas, Jammee K. Moudud[3] señala que al menos en el corto plazo la tasa de interés está determinada por factores endógenos. Desde este enfoque, la tasa de interés bancario representa una fracción de la plusvalía generada en un país, y su monto está por lo tanto influido por la tasa de ganancia, entre otras cuestiones. Aunque el banco central opere sobre la tasa de interés, ésta también se encuentra condicionada por la marcha del ciclo económico y por el comportamiento de los prestamistas, es decir los bancos comerciales. Hyman Minsky plantea una perspectiva similar, y lo mismo puede decirse de Lance Taylor, quien señala que tanto la coyuntura económica como la desregulación de las finanzas hacen que haya presiones sobre la tasa de interés que pueden operar en sentido contrario a la postulada por el gobierno. No existe entonces ninguna tasa de interés natural, pero tampoco existe tal cosa como una tasa de interés enteramente exógena[4].

La tasa de interés va a estar condicionada por la relación entre la oferta y la demanda de créditos, y en el caso de los títulos públicos va a estar afectada por la disposición de los que disponen de fondos -centralmente bancos y otros inversores institucionales- para adquirir esos títulos.

La idea de que aún EE.UU. pueda emitir cualquier nivel de deuda sin límite es una ilusión poskeynesiana que está siendo desmentida hoy en el único país que podría dar asidero al planteo de que los déficits que se financian con deuda en la propia moneda no plantean ningún problema. Pero pretender trasladarlo a Argentina como quiere hacer Amico es algo completamente trasnochado. La capacidad de endeudamiento en un país como Argentina se haya constreñida por el tamaño reducido del sistema financiero local. La capacidad de suplir el recurso a los mercados con el de los fondos de organismos públicos también es limitada. Considerando aparte que la moneda nacional no es una reserva de valor, sino que existe una alta tendencia a la dolarización de los ahorros, y que cualquier inestabilidad da rápidamente lugar a una fuerte fuga de capitales, plantear que en un contexto donde se está reduciendo el balance externo (tanto que el saldo del balance de pagos podría ser nulo) y donde hay necesidad de endeudarse para cerrar el programa financiero, el Estado podrá seguir endeudándose sin problemas con un déficit creciente, es plantear la cuadratura del círculo.

III

Amico pretende que el argumento de Astarita de que “a corto plazo el déficit fiscal crea demanda, pero a medio y largo plazo ese déficit tiene que ser cubierto con ingresos fiscales (impuestos) que, caigan sobre las ganancias o los salarios, a su vez reducirán la demanda” no sería otra cosa que la tesis conocida como “equivalencia ricardiana” formulada por Robert Barro en 1974. Por empezar, para Barro, esto no funciona ni siquiera a corto plazo y el déficit no puede afectar la demanda. No es el planteo marxista.

Pero sobre todo, acá al polemista se le confunde -se ve que mucho de los extensos debates entre marxistas y kaleckianos/keynesianos sobre este punto no conoce- el planteo de Barro con el enfoque marxista, que parte de la distinción entre actividades productivas y no productivas. Las primeras, son para los marxistas aquellas que generan plusvalía. Esta distinción es vital para entender la dinámica de corto y de largo plazo. La cuestión es si el Estado sostiene un gasto no productivo para incentivar la demanda gravando para ello las actividades productivas. Como el determinante fundamental de la actividad económica y lo que altera las tendencias de crecimiento son los desembolsos que realiza el capital, la deducción impositiva juega a largo plazo un rol negativo sobre el crecimiento. Como plantea un trabajo de Guillermo Gigliani: “Es cierto que la demanda juega un rol en el corto plazo, pero en la perspectiva de largo plazo, si se verifica un incremento en la participación de las actividades no productivas (gasto estatal en consumo) y si la tasa de ahorro del sector privado está fija, habrá una reducción en la proporción de la plusvalía disponible para ser reinvertida y la inversión en capital fijo va a caer”[5]. El aumento de la tasa de ahorro privado puede compensar este impacto, pero si esto no sucede se plantea una tensión entre gasto público e inversión privada. Esto no implica negar que en condiciones de depresión o recesión fuerte, donde existe una brecha considerable entre producción efectiva y potencial, el déficit público pueda a corto plazo elevar la actividad económica; pero sí que hay un largo trecho entre esto y la capacidad de la demanda para operar como fuerza de impulso autónomo a la demanda a largo plazo.

Amico protesta frente a la aseveración de Astarita de que es “la rentabilidad y la mayor explotación la que induce a los empresarios a acumular”. Ni frente a la gran depresión de los años ‘30, ni en los ‘70 se pudo ver la capacidad de las políticas de demanda para impulsar la economía en un contexto de rentabilidad deprimida. En el primer caso, fue necesaria la destrucción de la guerra y los aumentos de la tasa de explotación que se registraron a la salida de la misma para dar lugar al boom de la reconstrucción de posguerra. Por el contrario, durante los ‘80, se puso en evidencia que las políticas que atacaron los ingresos de los asalariados y barrieron con numerosas conquistas que permitieron aumentar la tasa de explotación y así aumentar la tasa de ganancia, permitieron una recuperación[6] que no lograron las políticas keynesianas de demanda. El contraejemplo que pone Amico, de la recesión Argentina durante 1998 y 2001 que estuvo acompañada de baja de salarios y sin embargo este aumento de la participación empresaria en el ingreso no dio lugar a una recuperación no es válido: como el autor seguramente sabe, pero se le “olvida” a los fines de la polémica, la rentabilidad en Argentina está fuertemente atada al tipo de cambio, que en ese momento estaba muy sobrevaluado. Fue el abrupto cambio del tipo de cambio en 2002 el factor que dinamizó la rentabilidad e inició la recuperación. Digamos,  de paso, que en el caso de la Argentina pos devaluación fue el cambio en la rentabilidad el que relanzó la inversión y permitió la recuperación de la demanda del empleo, y no a la inversa. El crecimiento del empleo y la demanda de consumo comenzarían a registrarse cuando la recuperación ya estaba en marcha. El gasto público se redujo durante todo el año 2002 y en 2003 aumentó tímidamente. Lamentablemente, este ejemplo también desmiente a Amico.

IV

El timing no ha resultado muy favorable a nuestro polemista. Mientras Amico plantea que en “USA el gobierno no tiene ningún problema para colocar un bono, que es precisamente lo que sostiene Galbraith”, la sombra proyectada sobre la capacidad de pago del estado federal norteamericano (los gobiernos estaduales hace ya un año empezaron a emitir cuasi monedas de todo tipo, al estilo de los patacones bonaerenses de 2001) recibió una baja de calificación, hecho inédito en la historia.

No sabemos en qué mundo vive Amico, pero lo cierto es que la facilidad de EE.UU. para colocar bonos del tesoro ha estado cada vez más atada a la vocación de numerosas naciones asiáticas de sostener lo que ha dado en llamarse Bretton Woods II: estas naciones han atado sus tipos de cambio al dólar norteamericano, manteniendo una paridad depreciada que les garantice competitividad y que permita mantener un crecimiento apoyado en las exportaciones. Para evitar la apreciación de sus monedas, estas naciones han volcado los abundantes dólares del comercio externo a la adquisición de títulos en dólares o acrecentado sus reservas. Frente a las dificultades para financiar su déficit, el gobierno norteamericano ha ejercido una sistemática estrategia de seducción para evitar que sus poderosos compradores de bonos asiáticos eviten cambiar su portafolio hacia otras inversiones. La relación entre EEUU y estos acreedores está sometida a profundas tensiones, por las amenazas de que la FED aproveche el rol del dólar como reserva mundial para descargar los costos de su crisis sobre otros países, como ya hizo en los ‘80 mediante los Acuerdos Plaza[7]. En el marco de estas tensiones, y a despecho de las afirmaciones de Amico sobre la capacidad de EEUU de financiar su déficit sin problemas -de las cuáles parece que en el tesoro norteamericano no están advertidos- los funcionarios norteamericanos ven como pesadilla el escenario de que estos compradores de títulos dejen de financiar el gasto norteamericano.

V

Amico pretende trazar una línea divisoria entre quienes defienden la intervención estatal y aquellos que la critican, que no pueden ser otra cosa que defensores de la “eficiencia del mercado”. Apela para esto a la teoría del ciclo económico de origen político de Kalecki.

Pero no se trata de negar los efectos de la intervención estatal sobre la economía, que sin duda los hay. Sino de poner de relieve que el límite para los mismos es que el propio Estado es una institución integrada en las relaciones de producción capitalista, constitutiva de sus contradicciones y no por fuera de ellas. Los límites de la acción del Estado le están dados por las relaciones de producción apoyadas en la propiedad privada de los medios de producción y la consecuente primacía de las decisiones de inversión de los capitalistas para el desenvolvimiento de la producción. Bajo el capital no puede haber ni “eficiencia de los mercados” ni eficiencia del Estado (que es capitalista y no una institución neutra sin carácter de clase). Querer armonizar la propiedad privada de los principales medios de producción y las políticas estatales de demanda a ingreso para mantener un equilibrio de alto empleo, es un proyecto socialmente reaccionario de subordinación del trabajo al capital para garantizar una “masa de ganancias [que] es más alta en promedio que bajo un régimen con más desempleo y bajo crecimiento”[8]; pero además es un planteo utópico. El rechazo de la burguesía a las medidas de intervención no tiene exclusivamente un fundamento ideológico, aunque este sin duda existe, sino que expresa una contradicción real de este modo de producción, entre la rentabilidad de las inversiones y la demanda solvente para vender la producción[9]. A largo plazo el activismo estatal no puede armonizar estas contradicciones, aunque pueda operar como impulso a la economía en momentos depresivos -sin constituirse nunca en un motor que sostenga el crecimiento si la ecuación de rentabilidad no motiva nuevas inversiones.

No se trata entonces, de abrazar un proyecto reaccionario de esperar que el Estado pueda armonizar las contradicciones de clase que recorren la sociedad capitalista, como proponen keynesianos, kaleckianos, y todo tipo de economistas “críticos” de cualquier cosa menos del carácter de clase y explotador que tiene tanto el Estado burgués como la sociedad capitalista. Se trata de que la clase trabajadora pueda acaudillar al conjunto de los explotados para expropiar a los expropiadores capitalistas, socializando los medios de producción y destruyendo este estado burgués. Para poner fin a la explotación del hombre por el hombre y a este modo de producción donde la satisfacción de las necesidades más elementales queda subordinada a la posibilidad de obtener una ganancia, y organizar el conjunto de la producción democráticamente según las necesidades sociales garantizando a cada quien una participación en la producción social acorde a sus necesidades. Ese es nuestro proyecto, por eso, desde el PTS, contrario a este embellecimiento de las políticas K, peleamos poner en pie un gran partido revolucionario de la clase trabajadora.


[1] Un profundo análisis sobre la Teoría general de Keynes, la influencia de las transformaciones que registró el capitalismo desde comienzos del siglo XX sobre la evolución de sus ideas, y la relación con las lecturas marxistas sobre esta época de crisis, guerras, y revoluciones, ver Bach, Paula, “Apuntes a propósito de Keynes, el marxismo y la época de guerras, crisis y revoluciones”, Lucha de Clases nº 9, Buenos Aires, junio de 2009.

[2] No por nada un autor como David Harvey, que suele ser excesivamente optimista sobre la posibilidad de la inversión pública concentrada para crear “soluciones espacio temporales” que hagan frente a la crisis, señalaba que  no estaba en manos de EEUU la capacidad de poner en juego la cantidad de recursos necesarios, aunque sí podrían hacerlo estados como el de China. Ver “Why the U.S. Stimulus Package is Bound to Fail”, en www.davidharvey.org, 13 de febrero de 2009.

[3] Moudud, Jammee K. “Finance and the macroeconomic process in a classical growth and cycle model” Annandale-on-Hudson, The Jerome Levy Economics Institute, Working Paper nº 253, octubre 1998.

[4] En una charla realizada en el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx, Gérard Duménil recordó la sorpresa de el por entonces presidente de la Fed, Alan Greenspan cuando, durante los año 2003/04, para hacer frente a cierto “recalentamiento” de la economía, impulsó una paulatina suba de tasas de interés. Contrariamente a lo esperado, estas tuvieron poco efecto sobre el crédito y sobre las tasas de interés de mercado. Producto del elevado crédito externo, la Fed había perdido control de la tasa de interés (puede verse el video en http://www.ips.org.ar/?p=912).

[5] Gigliani, Guillermo, “Los ciclos en la economía: producción y dinero”, notas de clase de “Dinero, crédito y bancos”, FCE-UBA, segundo cuatrimestre de 2010.

[6] Con numerosas contradicciones, analizadas ampliamente por Juan Chingo en “Crisis y contradicciones del ‘capitalismo del siglo XXI’”, Estrategia Internacional nº 24.

[7] Los Acuerdos Plaza, de 1985 permitieron a EE.UU. acordar con Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón una apreciación de estas monedas en relación al dólar. De esta forma, la economía norteamericana recuperaría competitividad, y mejoraría su posición respecto de los que aparecían como sus principales competidores, Alemania y Japón.

[8] Esto sólo se verifica en algunas coyunturas. Para que las políticas de demanda significaran siempre un aumento de la masa de ganancia, debería verificarse, como propone Kalecki, que la economía tiende siempre por sí misma a estar por debajo de su capacidad potencial, es decir que opera con exceso de capacidad. Sin embargo, para el marxismo, y según una abundante evidencia empírica, en el largo plazo la economía se mantiene cerca de su potencial. En estos casos, las políticas de demanda no llevan a un aumento de la masa de ganancias.

[9] No por nada Marx señalaba que cada capitalista mira los salarios de sus trabajadores como un costo a reducir al mínimo posible, mientras que ve los ingresos de los trabajadores como una demanda potencial que le gustaría fuera lo más elevada posible.

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Las falacias del discurso del desendeudamiento

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Comments (1)

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  1. […] es muy rimbombante para decir en realidad que se pagó, como diría el tango, como unos chambones), pasaron a decir que no hay mayores problemas, porque la deuda que se venía emitiendo es en pesos, … Bueno, por cada CEDIN o BAADE que emita, el gobierno contrae una deuda en dólares, no en pesos. […]

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