El revisionismo histórico como ideología gubernamental

| 1 diciembre, 2011 | Comentarios (7)

por Cecilia Feijoo y Alicia Rojo

Por decreto el gobierno creó días pasados el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, con el fin, entre otros, de “reivindicar” a los que “defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y extranjerizante”, como el caudillo que da nombre al instituto junto con otros como el Chacho Peñaloza, Felipe Varela, Facundo Quiroga, hasta Yrigoyen y Perón, además de San Martín, O’Higgins y Martí. Dicen que el Instituto también “prestará especial atención a la reivindicación de la participación femenina” y “reivindicará la importancia protagónica de los sectores populares, devaluada por el criterio de que los hechos sucedían sólo por decisión de los ‘grandes hombres’”. La creación del Instituto generó gran revuelo por lo que su director, Pacho O’Donnell, salió a explicar por los medios cuáles son las intenciones del gobierno con esta medida exponiendo la relación entre la historia que se pretende reivindicar y el “modelo” kirchnerista: “aquella batalla de Obligado de 1845 se ganó, pero en cambio se perdió la batalla de Obligado del venal endeudamiento externo, la batalla de Obligado de la venta a precio vil de empresas públicas estratégicas. Y hoy se está combatiendo en Obligado para independizarnos de la férula asfixiante del FMI. Porque Obligado es la metáfora a cañonazos de la trágica y persistente alianza de sectores de la dirigencia argentina, en beneficio personal, con poderosos intereses foráneos, en perjuicio de las grandes mayorías populares”. Casi un chiste todo esto era dicho por un ex funcionario menemista que hizo todo eso que hoy dice enfrentar.

El kirchnerismo ha hecho una utilización abierta de cierta historia para sostener su proyecto político. La “gran fiesta del bicentenario” fue un ejemplo de ello. Allí un conjunto de historiadores se pusieron al servicio de componer una visión de la historia que retomaba el hito de Mayo, los ideales de Moreno y Monteagudo, y nos recordaron las diferencias con los festejos del Centenario, cuando sólo la oligarquía festejaba mientras los trabajadores debían enfrentar al gobierno para expresar sus demandas y recibían a cambio represión, en una visión que no dejaba de ser ecléctica y que estaba lejos de rescatar los aspectos más progresivos del proceso histórico. Pero hace pocos días, la presidenta apareció en el acto de recordación de la batalla de Vuelta de Obligado, en el Día de la Soberanía, con una divisa punzó con la imagen de Rosas y ensalzó las figuras del caudillo y de su esposa Encarnación Ezcurra, “esa gran mujer ocultada por la historia, verdadera inspiradora de la Revolución de los Restauradores”. Ahora no es la Revolución de Mayo que rompió cadenas con España sino la llamada “Revolución de los Restauradores”, que asentó en el poder a Juan Manuel de Rosas, el eje del discurso ideológico de la presidenta.

El revisionismo: ¿nacional y popular?

Desde mediados del siglo XIX las clases dominantes construyeron una interpretación de la historia que buscaba consolidar una idea de “nación” recurriendo al ensalzamiento de figuras prominentes, los “próceres”, y de hechos históricos, como la revolución de Mayo, la batalla de Caseros (la derrota de Rosas en 1852), la Conquista del Desierto, presentados como hitos que fundaron la Nación y con los que se delinearon políticas educativas que se proponían crear una “identidad nacional” para someter a las clases populares.

Con la crisis del régimen oligárquico y la crisis mundial de los años ‘30 emergió un movimiento que se oponía a esta “historia oficial” la historiografía liberal y que se fue definiendo como “revisionismo”. Como corriente historiográfica tuvo distintas expresiones, desde sus vertientes más nacionalistas conservadoras de los años ‘30, hasta sus expresiones nacionalistas “antiimperialistas” de los años ‘60; es decir, sus exponentes ofrecen material para componer distintas visiones. Sin embargo, algunos elementos en común parecen ser los que subyacen en los objetivos actuales del gobierno.

Los revisionistas condenaron la línea historiográfica liberal “Mayo-Caseros”, con sus próceres y sus hitos y construyeron otra versión con otros próceres y otros hitos que ahora vemos en boca de la Presidenta y el director del Instituto del revisionismo. Si bien en algunas de sus obras pueden encontrarse críticas a las raíces de la “dependencia” argentina, de conjunto constituye una interpretación de sectores de las clases dominantes.

¿Burguesías y “ejércitos progresistas”?

En este sentido el revisionismo no es una alternativa a la historia liberal, en tanto no se ubicó desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera y los sectores populares, sino que es también una visión que defiende los proyectos de una fracción de las clases dominantes. No es extraño entonces que el gobierno nacional busque en ese cajón de utilería lo que le permita sostener su alianza con los industriales locales y extranjeros, con la banca y el capital internacional. Desde este punto de vista se entiende su empatía con historiadores como José María Rosa o su simpatía con el régimen rosista. Fue Rosas el que puso fin a los desórdenes de las guerras civiles, el que “restauró” el orden y consolidó la clave, el núcleo central de la única clase “nacional”, la burguesía y la oligarquía asentada en la gran propiedad de la tierra. Por eso la reivindicación revisionista puede aparecer hoy como un recurso viable para un modelo que se sustenta en mantener los fundamentos del orden semicolonial nativo.

Pero el relato revisionista, ¿qué tiene de popular? Denunciando los asesinatos del liberalismo, el revisionismo eligió su propia secuencia de violencia contra las masas. No solo a Juan Manuel de Rosas, el jefe de la Mazorca y del ejército de frontera, sino también a Julio Argentino Roca. Cuando los liberales acusan al gobierno de imponer el “pensamiento único” en la historia, los acusados responden que ellos son plurales, como el revisionismo mismo que tuvo sus diferentes alas. Ahí está Jorge Abelardo Ramos, iniciado en la militancia trotskista pero abandonándola pronto para integrar la izquierda nacional. Su pasaje fue fatídico terminó en el menemismo. Pero antes, en su momento “revisionista de izquierda” llamó a Julio Argentino Roca el “gran político nacional” que forjó el Ejército que llevaba “la conciencia nacional en sus costurones y cicatrices!”. Ese Ejército, que templado como el mismo Roca en la fratricida guerra del Paraguay, trajo de sus conquistas a 4000 “indios” para venderlos como peones, sirvientas o ayudantes. No sorprende entonces que Cristina K presente a “nuestro” Ejército como democrático, de la misma manera que la estratagema revisionista presentó a Rosas y Roca, los asesinos de los pueblos originarios y promotores de la represión policial contra las masas, como representantes del “progresismo nacional”.

Las disputa por la historia

Beatriz Sarlo se exaspera desde La Nación, mientras Pacho O’Donell gesticula el discurso gubernamental.  Estrujada como trapo de piso, La Historia es invitada a comparecer en el presente: dicen unos, la oligarquía es una clase democrática; dicen los otros, la burguesía nacional es una clase progresista. Decimos nosotros: son fracciones de una misma clase, aunque pueda enarbolar filiaciones históricas cruzadas. Su acuerdo irrenunciable es no modificar ni cuestionar la estructura económica heredada del pasado. Después de todo el gobierno de Cristina depende de que la agroindustria “coloque” parte de sus divisas en el tesoro nacional, y los pueblos originarios siguen resistiendo como antaño a la acumulación de tierras.

A mediados del siglo XIX, con la caída de Rosas, se inició un momento histórico. El historiador marxista Milciades Peña percibiendo esta posibilidad retomaba los proyectos de Alberdi y Sarmiento como aquellos que mediante una “revolución por arriba” podían haber forjado las bases de una nación con mayor independencia del imperialismo, pero ese momento quedó trunco y las clases dominantes locales consolidaron la nación semicolonial que hoy seguimos siendo.

Distintos relatos desde una perspectiva de la clase obrera y los sectores populares se trazaron de Mariátegui a Mella, de Liborio Justo a Milcíades Peña. Fueron éstos los que pensaron en sentido crítico las historias oficiales para dejar entrever la posibilidad de otra historia, la de los campesinos y comunidades originarias, la de los peones y obreros, la de las trabajadoras y sectores oprimidos. Fue la resistencia, a veces desordenada y caótica, a veces organizada y determinada, de las masas oprimidas y explotadas durante el siglo XIX la que fue forjando la imagen de injusticia que generaba la nueva estratificación de clase a medida que se consolidaba el capitalismo semicolonial. Sin estas resistencias es impensable la historia de insubordinación del siglo XX, con sus huelgas generales e insurrecciones obreras. Una camada de historiadores surgió en las últimas décadas develando esta otra historia, la de la militancia obrera y estudiantil, la de las organizaciones de fábrica, la de la lucha de clases en los años ‘70, aportando al conocimiento, y también a la crítica y al debate, entre ellas la del trotskismo y el marxismo.

Frente a la historia académica y liberal que esconde bajo la tarea y el oficio la despolitización de la historia, frente a la politización de la historia como discurso del Estado y la burguesía del gobierno K, con su genealogía de próceres y Ejércitos “progresistas”, se levanta la lucha por una historia politizada de las clases explotadas y oprimidas. Una historia que desnude los discursos oficiales y permita entrever la posibilidad de un proyecto autónomo de los trabajadores y oprimidos, una historia de aquellos que pueden conquistar una verdadera independencia nacional y una federación latinoamericana obrera y socialista.

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Category: Artículos, La escena contemporánea

Comments (7)

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  1. mariana dice:

    ¡Excelente post! Es notable que todos los hechos que, bajo la forma de “batallas de Obligado”, reseña O’Donnell en la intervención que uds. citan, son aplicables también al gobierno actual: ¿o acaso se renacionalizó alguna empresa estratégica (más allá de la deficitaria Aguas Argentinas), acaso no paga religiosamente la “venal” deuda externa (y planea continuar con el endeudamiento), acaso no convocó al FMI a sumarse a la intervención del INDEC (por no mencionar la vergonzosa participación de nuestra presidenta en la reunión del G20 de 2008 que “rescató” al FMI y al BM)? ¿acaso no persiste, personificado por el propio matrimonio presidencial, la “alianza de sectores de la dirigencia argentina, en beneficio personal, con poderosos intereses foráneos, en perjuicio de las grandes mayorías populares”, como quedó demostrado con la privatización de YPF?
    En fin, no debe sorprendernos que la restauración cristinista salga a reivindicar al “prócer” que ostentó oficialmente el título de “Restaurador de las leyes”, feroz represor de sus opositores.

  2. Flor Panch dice:

    ¡Muy buena nota! Cristina reivindicará también la Mazorca???
    Creo que frente a las dos versiones de la historia de la burguesía, que siempre cumple el rol de justificar a través del pasado sus políticas en el presente, debemos hacer visible la tradición histórica de los oprimidos, de los explotados, de las luchas, revoluciones, conquistas y también de las derrotas… para que las nuevas generaciones podamos sacar lecciones de todas las batallas libradas en la lucha de clases…que sigue siendo el motor de la historia.

  3. jorge dice:

    Siempre el peronismo tuvo sus “proceres” y parece que se acordaron de reflotarlos hace un tiempo.Es lógico que un movimiento reformista tenga su interpretación de la historia para alejarse de la historia oficial, sin darse cuenta (se darán cuenta? )que no están cuestionando casi nada de la versión liberal.Veremos si podemos sacar algo de las discusionss que puedan venir, yo lo dudo, pero es un “algo” a la chatura que se ve y escucha a nivel oficial. Por lo menos está la escuela desde donde tenemos diálogo con los chicos y otros compañeros para aclarar el panorame. Abrazo.

  4. Eduardo R. Saguier

    BREVE HISTORIA DE UNA PRIVACION DE JUSTICIA EN ARGENTINA

    En fecha 8 de junio de 2009, inicié una denuncia en el fuero penal ordinario por la distribución viciosa de la suma de 650 millones de pesos (en total 1240 millones de dólares procedentes de un préstamo del BID) en subsidios entre los años 1997 y 2007 y en la misma denuncia solicité una amplia investigación de las autoridades del CONICET, de la CONEAU, de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales y del Comité de Ética del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, por estimar que podrían estar incursos, como eventuales partícipes necesarios en la distribución de dichos subsidios. La causa lleva el número 10.152/09 y se ha tramitado bajo la carátula Agencia Nacional para la Promoción Científica y otros s/Delito de Acción Pública en el juzgado de Marcelo Martínez de Georgi que luego de un restringido y laxo trámite dispuso el 14 de abril de 2011 archivar la denuncia argumentado la inexistencia de delito.

    Completamente insatisfecho con semejante pronunciamiento apelé ante el organismo de alzada (camaristas Irurzun, Cattani y Farah) y este con menos argumentos que el juez de grado (Martínez de Georgi) confirmó aquel pronunciamiento sosteniendo, además, que no he aportado los elementos suficientes para establecer el delito y los hechos relacionados con el delito, cuya investigación y enjuiciamiento he solicitado.

    Esta sorprendente decisión, que traslada al ciudadano responsable que informa al poder judicial acerca de hechos que este poder tiene el deber ineludible de investigar, solo puede definirse como un acto de privación de justicia.

    Para evitar las cuestiones técnicas trataré de resumir mi denuncia poniéndola en los términos más simples a fin de que todo el mundo pueda entender bien de que se trata.

    Concretamente he denunciado a un conjunto muy preciso de personas con nombre y apellido que ocupan cargos directivos en el aparato burocrático de la administración pública dentro de la esfera de la ciencia y la tecnología (50 Coordinadores de la Agencia o ANPCYT, 60 miembros del Directorio y de las Comisiones Asesoras del CONICET y la CONEAU, y una docena de Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales) y que se han constituido en jueces y partes en la adjudicación de subsidios a la investigación en ciencia y tecnología.

    Estos funcionarios denunciados, en especial los Coordinadores de la Agencia se adjudicaron dineros públicos (a un promedio de cien mil dólares cada uno) presentándose como solicitantes de subsidios que luego han sido evaluados y adjudicados por ellos mismos violando el principio elemental del derecho público conforme al cual nadie puede ser al mismo tiempo juez y parte y nadie puede ser juez en causa propia. Se trata de la más elemental regla del debido proceso legal. Como las adjudicaciones de subsidios a la investigación en la Argentina forman parte de los concursos públicos del estado y como está en juego el dinero público el procedimiento de adjudicación, como en cualquier concurso público, queda sujeto a la ley nacional de procedimiento administrativo 19.549 y al conjunto de sus normas complementarias que impone la más estricta objetividad al igual que en los demás procesos licitatorios en lo que el licitante nunca puede ser el juez de la licitación. El asunto es así de simple. Si el licitante se adjudica la licitación actual, como el acusado de un delito penal que se transforma en juez de su propia causa; y si para colmo luego dicta su propia absolución necesariamente todo el mundo tiene derecho a sospechar que se ha exculpado solo para cubrirse de aquel delito por el que ha sido acusado.

    Ahora bien cabe entonces preguntarse que es lo que el poder judicial ha hecho en esta causa. Curiosamente la respuesta ya fue dada más arriba: los órganos del poder judicial que han intervenido (camaristas Irurzun, Cattani y Farah, y juez Martínez de Georgi) no se han preocupado por llevar adelante una completa investigación de las personas o funcionarios denunciados y de los hechos relacionados con esas personas denunciadas.

    En su lugar dichos órganos se han limitado a decir que el denunciante no ha arrimado elementos suficientes. Pero ¿era el denunciante el obligado a establecer los hechos? La ley dice lo contrario. La ley dice que la investigación en materia penal es potestad exclusiva de los órganos de administración de justicia.

    Por eso es muy grave que el Juez y la Cámara no hayan ordenado la realización de la prueba que he ofrecido, tendiente a demostrar el incumplimiento de los deberes de los funcionarios involucrados, la malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y conflicto de intereses. Y es aun más grave que no se haya ordenado la producción de la prueba sugerida por cuanto la investigación es del todo deficiente por omisión de las pruebas ofrecidas.

    La producción de la prueba habría acreditado los hechos denunciados, los que interpretados como un todo habrían llevado a la convicción de que se estaba ante hechos delictivos. De haberse producido los testimonios ofrecidos o de las personas involucradas y denunciados, como la declaración del Dr. Enrico Stefani –ex presidente del CONICET acerca de sus manifestaciones sobre el tráfico de influencias-, lo mismo que las pericias contables sobre las rendiciones de cuentas de los subsidios recibidos por los funcionarios públicos beneficiados, agregados los legajos de estos últimos, distintas hubieran sido las consideraciones judiciales.

    Los pocos antecedentes arrimados a la causa eran el indicio que imponía la profundización de las averiguaciones acerca de las reglas incluidas en las convocatorias. Desde luego las reglas invocadas no eran las únicas reglas. Existen otras reglas, por ejemplo la ley de Procedimiento Administrativo y las del Código Penal. Y también existe la Ley de Presupuesto que obliga a rendir cuenta de los egresos por imputación justificada del gasto y esa justificación falta cuando el que otorga el subsidio es el mismo que lo recibe. Esto es un círculo vicioso y allí se evidencia un ardid o engaño por parte del evaluador (o Coordinador) que se adjudica el subsidio lo que está tipificado en el Código Penal con el delito de estafa, al que se agrega la violación de los deberes de los funcionarios públicos porque el que lo practica es un funcionario público. Por otra parte, no puede decirse que no hay reglas que penalicen el caso porque no se las encuentra. Las reglas existen, y los órganos de la administración de justicia debieron relacionarlas y colacionarlas con los hechos. Esto se debió hacer y es lo que no se hizo: agotar las pruebas pertinentes y confrontarlas con las reglas antes de decidir que no hay delito y disponer el archivo.

    Curiosamente no se solicitaron de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las universidades y de los Directorios del CONICET y CONEAU los comprobantes de contralor de las rendiciones de cuentas de los funcionarios denunciados que habían sido subsidiados por la ANPCYT.

    En uno de sus considerandos, se dice que no se ha violado norma legal alguna, basándose en las consideraciones del Tribunal de Ética como en las de la Oficina Anticorrupción, Defensoría del Pueblo y Fiscalía de Investigaciones Administrativas. De este modo el Juez y la Cámara han abdicado de la jurisdicción y competencia, ya que el juzgamiento de los delitos y conductas penales le están reservados en exclusividad y no se enmarcan en el contenido de legalidad o en la eventual opinión de órganos administrativos quizá interesados en despenalizar la actividad de su propio cuadro burocrático. Esto sin perjuicio de señalar que el ámbito, el objeto, los fines y tareas de esos organismos administrativos mencionados por el Juez y loa Camaristas son muy diferentes a las del juzgamiento y represión del delito, y particularmente tanto el denominado “Comité de Ética y las disposiciones limitativas” son entidades apócrifas, impostadas, un simulacro de legalidad integrado por subsidiados de la propia ANPCYT, dado que el primero no es el Comité Nacional de Ética Pública de la ley 25.188 y ambas son una creación administrativa ministerial para enmascarar situaciones que pueden constituir delito penal por encubrimiento. En efecto y en los términos de los delitos denunciados, especialmente la violación de la incompatibilidad, se han transformado en vallas en las que opera directamente la privación de justicia al pretender que con la simple resolución del directorio de ANPCYT o del Ministro se libera de responsabilidad penal a los partícipes.

    En el ámbito del Ministerio de Ciencia y Técnica anida un sistema que imposta legalidad, que lleva a ver una realidad de legalidad que no es tal, ya que los hechos descriptos por el denunciante están tipificados en el Código Penal. No se debe olvidar que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas expresó al respecto que no hay mecanismos claros que permitan reconstruir el modo en que se aprueba en la ANPCYT la financiación de determinado proyecto, y que no hay certeza sobre el porcentaje de casos en que coordinadores o co-coordinadores presentan proyectos para su evaluación, agregando que la ley 25.200 no es aplicada por los funcionarios.

    Resulta evidente la presencia de mecanismos propios de corrupción, donde hay lavado y degradación de normas y controles, manejo espurio de los fondos tanto en la forma de asignación de subsidios mediante tráfico de influencias; como en la rendición de cuentas donde los mismos subsidiados (caso de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las universidades y facultades) controlan a otros subsidiados y se autocontrolan.- Tan evidentes como la persecución al suscripto oportunamente denunciada por los mismos involucrados que, a partir de ese hecho y como represalia me rechazaron los informes bianuales de manera grotesca, mediante violación flagrante de la defensa en juicio.

    En semejante marco de privación de justicia también asombra como los camaristas Irurzun, Cattani y Farah levantan y ponderan el testimonio de un funcionario de la ANPCYT, y desconocen al testigo Alexander que relata la manipulación de su caso y la ocultación de las identidades del evaluador, a lo que agregó que la ley 23.200 no se cumple.

    Pese a la irregularidad por incompatibilidad que detecta en el caso del Coordinador Ceccatto, interrumpe la investigación a su respecto, y lo mismo cabe decir sobre constancias de mayor significación como lo fue el dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que constataron entre otras y diversas irregularidades, un alto porcentaje de presuntas incompatibilidades, y al respecto se omite profundizar la investigación y se dispone el archivo afianzando así la privación de justicia.

    Podría agregar muchas otros elementos que hacen a mi caso particular que aún se encuentra en el terreno contencioso en otro litigio. Pero no creo que haga falta personalizar aunque es evidente que he sido objeto de represalia por mis denuncias. Por el contrario aquí solo quiero poner de manifiesto el acto de privación de justicia que constituye una gravísima deserción del estado frente a los funcionarios corruptos a lo que no se quiere investigar. Justamente esa circunstancia es la que enturbia nuestro futuro ciudadano así como hiere a nuestra comunidad científica; y, como diría Hobbes, nos lleva al reino de las tinieblas.

    Por mi parte he tratado de cumplir con mi deber ciudadano pero al parecer la administración de justicia (camaristas Irurzun, Cattani y Farah), que constituye la médula de nuestros sistema republicano, ha mirado para otro lado. Como de alguna manera debemos esforzarnos para que dicha Justicia ponga atención en su mirada ofrezco este testimonio en ese sentido y en esa dirección. En definitiva se trata de conservar la conciencia ciudadana y alimentar la comunidad científica para evitar la manipulación de los que ocasionalmente ocupan el control de los aparatos de poder de la ciencia y la cultura. Y, por cierto no se trata tanto de convencerlos de sus deberes como de convencernos de que son nuestros derechos los que están en juego.

    Eduardo R. Saguier

    Investigador del CONICET

    http://WWW.ER-SAGUIER.ORG

  5. JUANITO dice:

    MUY MAL QUE NO RECUERDEN A NAHUEL MORENO Y EL “METODO DE INTERPRETACION DE LA HISTORIA ARGENTINA”.
    PUEDE NO GUSTARLES LAS POSICIONES POLITICAS DE HUGO, PERO FUE UN GRAN TEORICO Y UN GRAN DIALECTICO…
    POR OTRO LADO FALTA EN ESTE ANALISIS EL TEMA CENTRAL QUE PLANTEO LA PRESIDENTA: ALLA GANO EL NORTE, AQUI PERDIMOS EN CASEROS…
    ES QUE NADIE SE ANIMA A CONTESTAR SEMEJANTE DISPARATE??? ES QUE NADIE DICE QUE AQUI SI SE PERDIO FUE PORQUE UNA GIGANTESCA CLASE TERRATENIENTE IMPIDIO EL IDEARIO DE LINCOLN (TRAIDO POR SARMIENTO) DE COLONIZAR EL TERRITORIO… Y NO SE PUDO PORQUE ROSAS ENTREGO A 200 FAMILIAS LA PAMPA HUMEDA… ¡¡PAVADA DE PROBLEMA NO??

    Y FINALMENTE QUE METODO PROPONEN COMPAÑEROS QUE NO TOMA EN CUENTA EL TEMA CENTRAL: EL MATERIALISMO, EL ANALISIS SERIO DEL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS…

  6. Diego dice:

    La nota es muy interesante.
    Sobre Nahuel Moreno,la verdad Juanito es que a ese señor solo le faltó opinar y escribir sobre astrofísica. Moreno era exactamente lo que Peña llamaba un burócrata pseudo Marxista y Silvio Frondisi llamaba un “Neurótico al describir la relación de ciertos “intelectuales” con la realidad. Por otro lado cabe aclarar que el Kirchnerismo intenta, digamos ensaya un vinculo con la izquierda a través del troskismo auspiciado por la comunidad Judía y el sionismo, de Abelardo Ramos. Esto no es un detalle menor, sino que expresa una intención manifiesta de apropiarse de simbologia, discurso y lenguaje de izquierda. Las banderas del che de la Campora en la asunción Cristinista, son también expresión de esto.

  7. Horacio dice:

    Soy peronista. Defiendo el modelo nacional y popular. Pero no siempre lo fui. En gran medida esta historia revisionista que ya lleva varias décadas fue la que me acercó.
    Eso en cuanto a mi presentación, presentación que considero importante porque lo que quiero decir es que pese a las diferencias ideológicas obvias el artículo me pareció bastante bueno -a diferencia de alguno de los comentarios que se suscitaron.
    No quería dejar de decirlo, porque lo cierto es que ultimamente se complica encontrar buenos escritos críticos que no partan de supuestos absurdos, mal interpretados, o con información dudosa.
    En fin, es el halago de alguien que pese a sus creencias ideológicas siempre siente agrado antes las posiciones diferentes y bien sustentados.
    No me interesa entrar en debate sencillamente porque no creo que alguno de nosotros vaya a cambiar su posición, pero por sobre todo porque tengo dos finales en los dos próximos días.
    Prometo que si algún día tengo más tiempo pondré sobre el tapete mis ideas.

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