Todo luchador podría ser un potencial terrorista

| 23 diciembre, 2011 | Comentarios (1)

Miguel Raider (La Verdad Obrera)

Gracias a la providencia del gobierno “de los derechos humanos”, de ahora en más todos los luchadores consecuentes podrían portar el estigma de potenciales “terroristas”. En concordancia con el ataque a los sindicatos y la persecución de delegados y activistas combativos, la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de ley presentado por el kirchnerismo que reforma el Código Penal duplicando todas las penas contenidas en el mismo cuando los delitos cometidos tengan por finalidad “aterrorizar a la población” u “obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlos” (1), una formulación tan genérica que podría afectar a cualquier luchador que defiende sus legítimos derechos. Esta contrarreforma reaccionaria implica un salto en calidad respecto de las políticas represivas orientadas a la criminalización de la protesta social, pues podría superar el estadio de procesamiento de los luchadores como látigo en la ventana, abriendo la posibilidad real de la prisión efectiva. Por ejemplo, si un grupo de vecinos resiste un desalojo la Justicia podría condenarlos por el delito de usurpación a una pena de tres años (excarcelable); pero si por la arbitrariedad de las necesidades políticas se considera que obedecía a una finalidad “terrorista”, la pena se duplicaría a seis años, incorporando de hecho el escenario de la prisión efectiva. Decenas de organizaciones vinculadas al kirchnerismo denunciaron que la iniciativa que ya obtuvo media sanción “agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo” (2).

El dilema de Verbitsky
En medio del fuego cruzado con el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, el periodista y dirigente del CELS Horacio Verbitsky acusó al gobernador Scioli y su ministro de Seguridad y Justicia Ricardo Casal de ser responsables de la represión sobre los militantes de La Cámpora. A renglón seguido cuestionó a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense encabezada por Sara Derotier de Covacho (ex funcionaria del intendente de Merlo, Raúl “Mafia” Otacehé) por apañar a Scioli respecto de las denuncias presentadas contra la Policía Bonaerense. En línea con la ministra de Seguridad Nilda Garré, Verbitsky señala la falta de sintonía del gobierno de Scioli con las políticas de seguridad “progresistas” del gobierno nacional, basadas en el Acuerdo por una Seguridad Democrática. Sin embargo, crítico de la ley antiterrorista y preocupado por las previsibles consecuencias del Plan Estratégico Alimentario y la Ley de Tierras en tanto extensión de la frontera sojera, Verbitsky formula un dilema: “la pregunta crucial es cómo hacerlo sin avanzar sobre ecosistemas vitales, con consecuencias políticas, sociales y de derechos humanos como el reciente asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero” (3).
Verbitsky no desconoce el avasallamiento de los pueblos originarios realizado por gobiernos “progresistas” como el de Dilma Roussef, el que en pos de poner en pie la represa hidroeléctrica de Belo Horizonte sacrificó los derechos de los pueblos indígenas del río Xingú, así como la gestión del “nacionalista” Ollanta Humala, la que recurrió a la policía antiterrorista para encarcelar a dirigentes campesinos que enfrentan la entrega al proyecto minero de la multinacional Yanacocha Newmont. Al respecto, la organización ambientalista Observatorio Petrolero Sur parece responderle a Verbitsky de forma lapidaria: “llama la atención… que apenas un día después de la media sanción de la ley antiterrorista apareció una lista negra creada por la empresa Osisko Mining Corporation, donde se identifican… datos personales, profesión, etc. de integrantes de estas asambleas… Las transnacionales mineras buscan realizar megaemprendimientos a pesar de que la población se oponga, y en el caso de Famatina/Chilecito o Andalgalá… esta ley podrá ser utilizada para criminalizar a quienes se oponen a los intereses de las transnacionales” (4).
La ley antiterrorista vigente en Chile expresa con todo vigor la perspectiva enunciada. Valiéndose de esta legislación, el derechista Piñera continúa la labor del gobierno “progresista” de la Concertación, el cual instauró el Plan Araucania para extender la explotación de empresas forestales y mineras sobre las tierras originarias de los pueblos mapuches, los cuales purgan con más de 100 detenidos en las cárceles por defenderse de los ataques de las bandas de sicarios contratados por los grandes terratenientes.

Extorsión imperialista
Cristina bramó furiosa contra los trabajadores ante la “extorsión” del derecho de huelga pero resultó completamente sumisa ante la extorsión del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), la institución dependiente del FMI y EE.UU. que, bajo el embuste de “la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo”, extiende el certificado de “país apto para las inversiones externas” como moneda de cambio de esta legislación represiva. Vale como adición un toque de color: el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, advirtió que este proyecto de ley podría servir para acusar de terroristas a “quienes compran o venden dólares” y provoquen “una corrida bancaria o un golpe de mercado” (5) mediante la fuga de depósitos. Desde ya, este proyecto podría ser utilizado discrecionalmente contra los pequeños ahorristas, pero de ningún modo está dirigido contra los bancos y los magnates de la industria y las finanzas, los grandes beneficiarios del “modelo” y los únicos capaces de fugar divisas mediante la remisión de utilidades y ganancias a sus casas matrices en los países centrales, tal como hicieron en el corriente año fugando más de U$16.000 millones. Las organizaciones que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizamos una conferencia de prensa el lunes 19 en el Congreso nacional para expresar nuestro repudio a la media sanción de este proyecto nefasto, y el martes 20 junto a más organizaciones marchamos a Plaza de Mayo en un nuevo aniversario de las jornadas de diciembre de 2001, denunciando el carácter reaccionario de la legislación antiterrorista, así como el procesamiento de más de 5.000 luchadores obreros y populares, la persecución de delegados y activistas combativos y el mantenimiento de presos políticos. Es necesario redoblar los pasos en pos de una gran campaña democrática con movilizaciones en las calles para evitar que el Senado consagre en ley esta iniciativa represiva.

Notas:
(1) Artículo 41
(2) http://artepolitica.com/comunidad/h…
(3) Página12, 11/12
(4) http://opsur.org.ar/ 19/12
(5) La Nación, 18/12

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Category: Artículos, Política

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  1. […] en el propio campo civilizatorio nuevas formas de violencia disciplinadora”… (¿será la infame “Ley antiterrorista” que votó el kirchnerismo en el parlamento nacional, a pedido de …?); o se destaca la “nueva hegemonía del capital y su despliegue revanchista contra el trabajo, […]

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