González, el “dolor de funcionario”, y una defensa del intervencionismo K a prueba de sus criminales resultados

| 27 febrero, 2013 | Comentarios (0)
El director de la Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta Horacio Gonzalez, ha salido a manifestar su “dolor de funcionario” ante el crimen social de Once. Pero este dolor que nos presenta es un lamento ante los “anatemas ya fabricados” que estarían en el corazón de la “idea de una culpabilidad del Estado”. Aunque reconoce que esta idea “no carece de fundamentos”, afirma sin embargo que situar al Estado en un “estado permanente de Culpa” constituye un “esquema” que “merece mayores cuidados y templanzas”.
Gonzalez nos quiere llevar por el terreno de las disquisiciones respecto de las teorías que defienden la razón de Estado como fundamento para las sospechas que se ciernen hoy sobre él. Como sí siguieramos inmersos en el clima noventista donde el Estado se encontraba bajo sospecha permanente, el “Estado de Culpa” poco y nada parece tener que ver con los contornos que adquirió el accionar público durante este período.
Pero, mal que le pese a Gonzalez, el crimen social de Once enjuicia el accionar del Estado luego de un largo período en el que el kirchnerismo declamó como un aspecto positivo su presencia en asuntos vitales para los sectores populares. Si los ’90 quedaron signados como un período de retiro del Estado y la debacle de la convertibilidad en 2001 hizo caer en el desprestigio todas las políticas neoliberales de desregulación, entre ellas especialmente las privatizaciones, desde el primar día del gobierno de Nestor Kirchner éste proclamo el fin de este supuesto abadono del Estado y la restitución de su intervención en defensa del interés general (en realidad, de ningún modo se había retirado, ya que la desregulación requirió una intensa re-regulación y metódicos ataques coordinados entre Estado y patronales para barrer numerosas conquistas, con el acompañamiento de la burocracia sindical).
La responsabilidad de los funcionarios del Estado está en el centro del crimen de Once, no solamente por la torpeza y el desprecio que mostraron ante los 52 muertos, los heridos y sus familias los responsables más inmediatos de lo ocurrido, como Shiavi retando a los pasajeros, o los menos inmediatos, incluyendo a la presidenta que señalo en el aniversario de la tragedia que les esperaba a los familiares una espera de 35 años para ver justicia. Fundamentalmente, su responsabilidad remite al hecho es un resultado largamente anunciado por la política aplicada por el Estado para emparchar, sin revertir, la situación de descalabro a la que había llegado el sistema en manos privadas. Al mismo tiempo que el gobierno kirchnerista proclamaba la reversión de lo más nefasto del neoliberalismo, en el sistema ferroviario dejaba incambiadas las condiciones establecidas por las privatizaciones durante los años ’90, sin afectar el marco regulatorio ni las (ir)responsabilidades de los concesionarios privados. La “intervención” no fue más lejos que la decisión de abrir el grifo de los subsidios estatales, que ahora eran posibles gracias al superávit que logró el Estado nacional en 2002, a fuerza de ajuste, default momentáneo y retenciones a las exportaciones.
Como decimos en otro post, “todo el intervencionismo de la economía política K consistió en poner topes tarifarios, y dejar en manos privadas la búsqueda de los modos de arreglárselas con esos topes para manejar el negocio [Topes que, en el caso ferroviario, estuvieron generosamente compensados con los más $ 3 mil millones en subsidios entregados desde 2003 a los Cirigliano]. Y bueno -continuaba nuestro post- un capitalista casi siempre encuentra la manera de ganar dinero (no siempre, por eso las compañías eléctricas están al borde de la quiebra), sólo que eso no garantiza que los servicios a cargo del capital se puedan sostener en el tiempo. Más bien, en la generalidad de los casos asegura lo contrario”. Esta particular combinación de “presencia del Estado [sí, burgués] + el mercado” es lo que en Once mostró consecuencias catastróficas. No estamos ante un “Estado de Culpa” vinculado al distanciamiento de los funcionarios del dolor (al que Gonzalez reconoce con un gesto generoso que “en sí mismo nunca se equivoca”…) sino a un resultado criminal de una maquinaria que se pretendió virtuosamente recompuesta a fuerza de billetazos que sólo apuntaban a tapar los problemas llenando los bolsillos de empresarios que son insospechables de poseer algun animal spirit. Si en otros servicios públicos, así como en el sector energético o los combustibles las implicancias son en principio menos dramáticas, se puede sin embargo ver el mismo modus operandus el Estado hizo la vista gorda ante la evidente desinversión, mientras proveyó fondos para garantizar la rentabilidad. Es decir, una rentabilidad lograda a condición de no invertir, con el aval del Estado.
Después de Once, la idea de que el kircherismo representa una ruptura de paradigmas respecto de las políticas ’90, que nos habría encaminado hacia cambios estructurales, se desnudó como una impostura. Impostura cuyas víctimas, desnudando la profunda continuidad antiobrera y antipopular en varias políticas de Estado (y recordándonos que el cáracter de clase del Estado y sus políticas en ningún modo es un dato redundante como consideran ciertos exponentes de alguna “nueva” izquierda), están enteramente entre los trabajadores y sectores populares. Llegando al cierre de su texto, Gonzalez nos señala que debemos considerar al Estado como un ámbito “de escucha de las víctimas”. Aunque con esto intenta, como ya ha hecho en otras ocasiones, también llamar la atención del gobierno sobre algunos de sus puntos débiles, la manera en la que intenta hacerlo y a la vez reconciliar a la víctimas, lo muestra en una situación aún más patética que en ocasiones anteriores (que hemos discutido aquí y aquí) Si algo evidencia el crimen social de Once, y las lamentables posturas de funcionarios y simpatizantes políticos del gobierno nacional a un año de ocurrido es que, lejos de andar esperando que este gobierno y su Estado presten escucha a las “víctimas” que produce la acción concertada de capitales privados e intervención pública (sin las cuales el sistema capitalista no podría reproducirse, por eso Marx definía al Estado como una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa) es desarrollar una alternativa política independiente para reorganizar la sociedad sobre nuevas bases, expropiando a los expropiadores capitalistas.

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Category: Artículos, Ideas y debates, Política

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